Por: Roberth Puertas Ruíz, Dr.
El 4 de diciembre de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 1424-19-JP/25, en la que desarrolló estándares vinculantes sobre el derecho a la educación frente a hechos de violencia escolar.
El caso analizado inició con la denuncia presentada por la madre de un niño de seis años que sufría violencia física y psicológica por parte de su docente en una institución pública. Aunque las autoridades educativas reconocieron afectación emocional, las respuestas fueron insuficientes.
Al conocer este caso, la Corte Constitucional estableció criterios con alcance nacional.
1. La violencia escolar vulnera directamente el derecho a la educación.
Para la Corte, la violencia ejercida por una docente o tolerada por las autoridades educativas constituye, por sí misma, una barrera irrazonable para el goce del derecho a la educación. Este derecho no se limita al acceso o matrícula; exige que el proceso educativo se desarrolle en condiciones compatibles con la dignidad humana, en un entorno seguro y libre de violencia.
La Corte fundamenta su análisis en que la educación debe cumplir con cuatro componentes esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En esta sentencia, pone especial énfasis en dos de ellos:
a) Aceptabilidad
La educación debe ser compatible con la dignidad humana y con el interés superior del niño, niña o adolescente. Por eso, los castigos físicos, la humillación y otras formas de violencia no pueden ser considerados métodos pedagógicos válidos. Son prácticas inconstitucionales (incompatibles con dignidad/derechos) y las autoridades educativas deben erradicarlas con evaluaciones, capacitación, seguimiento u otras medidas para restituir la aceptabilidad de la educación
b) Adaptabilidad (permanencia educativa)
La educación debe adecuarse a las realidades de los estudiantes para lograr su permanencia y evitar la deserción. Por ello la violencia escolar afecta la adaptabilidad del derecho a la educación, en particular su dimensión de permanencia. Si un niño deja de asistir por miedo o afectación emocional, el derecho ya está vulnerado, incluso si formalmente sigue matriculado.
Por lo tanto, se establece una regla relevante: la existencia de violencia escolar genera una presunción reforzada de afectación a la permanencia, que solo se desvirtúa con medidas oportunas. Las unidades educativas deben identificar la violencia que afecte la permanencia y dar una respuesta inmediata y documentada frente a cualquier denuncia; la inacción o demora vulnera el derecho a la educación.
2. Las autoridades educativas tienen deberes reforzados de actuación
La Corte aclara que el Estado no cumple con el estándar constitucional cuando se realizan acciones meramente formales como: realizar actas de compromiso sin control efectivo, amonestaciones informales, archivo administrativo sin motivación suficiente, declaraciones de incompetencia sin remisión eficaz a autoridad competente y reubicaciones administrativas que no respondan expresamente a una medida de protección. La Corte observa, además, que una reubicación decidida por necesidades institucionales y no para salvaguardar la integridad del niño no corrige la vulneración ni satisface la debida diligencia reforzada.
Frente a denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la Corte exige:
- Debida diligencia reforzada que garantice una respuesta inmediata.
- Investigación efectiva y motivada.
- Medidas inmediatas de protección sin dilaciones.
- Seguimiento real y continuo.
- Activación de mecanismos disciplinarios y, cuando corresponda, penales.
3. El interés superior del niño como criterio rector
Para la Corte, el interés superior del niño no puede ser un criterio retórico o secundario. Debe orientar de forma real la actuación administrativa y judicial. Precisamente por eso, la Corte concluyó que la decisión revisada no había aplicado ese principio como criterio rector y tampoco había reparado integralmente la vulneración, pues el niño no recibió la atención integral ni las medidas de protección necesarias para evitar repercusiones posteriores.
4. Impacto de la sentencia
La sentencia eleva a estándar vinculante que la violencia escolar, física o psicológica, vulnera el derecho a la educación al afectar especialmente los componentes de aceptabilidad y adaptabilidad en su dimensión de permanencia. En consecuencia, obliga a las autoridades a actuar con diligencia reforzada, adoptar medidas de protección, investigar de manera efectiva, activar los mecanismos institucionales pertinentes y garantizar reparación integral y no repetición.
