29 de julio de 2026
Por: Justin Jame Paredes
En un mundo marcado por guerras, crisis humanitarias, tensiones territoriales y una creciente desconfianza entre Estados, la mediación conserva una fuerza que no siempre recibe suficiente atención: puede abrir caminos cuando la confrontación parece ser la única respuesta. Lejos de ser un recurso secundario frente a la diplomacia o al poder militar, constituye un mecanismo jurídico esencial para prevenir la escalada de los conflictos y construir soluciones pacíficas.
El derecho internacional reconoce expresamente su importancia. En el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33 dispone que las partes en una controversia que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales deben buscar una solución mediante medios pacíficos, como la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial. Esta obligación busca impedir que las disputas desemboquen en enfrentamientos armados con consecuencias irreparables.
La mediación permite que un tercero neutral facilite el diálogo sin sustituir la voluntad de las partes. El mediador no impone una decisión ni actúa como juez. Su función consiste en organizar el proceso, reducir tensiones, reformular posiciones extremas, identificar intereses comunes y ayudar a que los actores abandonen el lenguaje de la amenaza para explorar acuerdos posibles.
La historia internacional demuestra que esta herramienta puede producir resultados relevantes. Los Acuerdos de Camp David de 1978, impulsados por Estados Unidos, aproximaron a Egipto e Israel y abrieron el camino al tratado de paz de 1979. Aunque no resolvieron todas las tensiones de Oriente Medio, evidenciaron que incluso disputas profundamente arraigadas pueden encontrar salidas cuando existe voluntad política.
Los Acuerdos de Oslo de 1993, facilitados por Noruega, abrieron un canal de comunicación entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. El proceso no solucionó definitivamente el conflicto israelí-palestino y sería incorrecto presentarlo como una paz consolidada. Sin embargo, demostró que la mediación puede romper bloqueos históricos y generar un reconocimiento mínimo entre actores enfrentados.
En 2000, el Acuerdo de Argel entre Etiopía y Eritrea permitió poner fin formalmente a una guerra fronteriza que había causado decenas de miles de víctimas. Además del cese de hostilidades, estableció mecanismos para abordar la delimitación de la frontera y otras consecuencias del conflicto. Este caso demuestra que la mediación no solo busca detener la violencia, sino también crear estructuras de seguimiento, verificación y cumplimiento.
En América Latina, el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP constituye otro ejemplo significativo. Noruega y Cuba participaron como países garantes en las negociaciones que culminaron en el Acuerdo Final de 2016. Su implementación ha enfrentado dificultades, pero el proceso confirmó que la facilitación internacional puede contribuir a transformar un conflicto armado prolongado en una agenda institucional de paz.
Ninguno de estos casos permite afirmar que la mediación sea una solución automática. No elimina de inmediato la desconfianza, no borra los daños del pasado ni garantiza por sí sola una paz definitiva. Su aporte consiste en crear condiciones para que las partes vuelvan a hablar, reconozcan los costos de la confrontación y construyan compromisos progresivos.
Por ello, la mediación debe entenderse como una necesidad permanente de la comunidad internacional. Insistir en el diálogo no es ingenuidad ni debilidad. Es una decisión racional, jurídica y humana frente a conflictos cuya prolongación destruye sociedades y vidas. La paz duradera rara vez nace de la imposición; surge de acuerdos difíciles, conversaciones incómodas y de la voluntad de transformar la confrontación en una salida compartida.
